El recargo de prestaciones es el aumento de entre un 30 % y un 50 % de todas las prestaciones económicas que nacen de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, cuando la lesión se produce porque la empresa no cumplió las medidas de seguridad. Lo regula el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social, y lo paga directamente la empresa infractora, sin que ningún seguro pueda cubrirlo.
No sustituye a la prestación, se suma a ella. Si cobras una baja o una pensión por un accidente evitable, el recargo la incrementa mientras la cobres. En A Coruña lo declara la dirección provincial del INSS, a petición tuya o de la Inspección de Trabajo.
¿Tu accidente se debió a una máquina sin protección o a la falta de medidas de seguridad? Revisamos si cabe el recargo
El recargo exige cuatro condiciones a la vez. Un accidente de trabajo o una enfermedad profesional reconocidos, un incumplimiento de la normativa de prevención, una relación directa entre ese incumplimiento y la lesión, y una empresa a la que se pueda atribuir la falta.
El artículo 164 enumera los casos típicos, equipos o instalaciones sin los medios de protección reglamentarios, protecciones inutilizadas o en mal estado, y la falta de las medidas generales o particulares de seguridad y salud. No basta con que haya habido un accidente, hay que señalar la medida que faltaba.
Artículo 164 · Ley General de la Seguridad Social
Si falta una, no hay recargo aunque el accidente sea grave.
El porcentaje depende de la gravedad de la falta, y lo fija el INSS en su resolución. Pesan la peligrosidad de la actividad, el número de incumplimientos, si la empresa ya había sido advertida y la gravedad del resultado. Una máquina sin resguardo en un puesto de riesgo conocido suele situarse en la parte alta.
El Tribunal Supremo ha precisado en su sentencia 438/2026, de 22 de abril, que ese porcentaje no está atado a la sanción administrativa. En el derrumbe de una tolva de carbón en una central térmica de Carboneras, con cinco fallecidos, la empresa pedía bajar el recargo del 50 % al 40 % porque la infracción se había rebajado de muy grave a grave. El Supremo lo rechazó, porque la gravedad del recargo se valora con todas las circunstancias del caso.
El recargo alcanza a todas las prestaciones económicas que tengan su causa en el accidente o la enfermedad, desde la baja hasta las pensiones de la familia. Si el accidente deja secuelas, la incapacidad permanente se cobra con el recargo durante toda su vigencia, y por eso es clave pedir el grado de incapacidad permanente que corresponde.
En las pensiones, la empresa ingresa en la Tesorería General de la Seguridad Social el capital necesario para pagar el recargo. Si el accidente no estaba reconocido como laboral, antes hay que pedir la determinación de contingencia de la baja.
| Prestación | Cómo se aplica | Qué conviene saber |
|---|---|---|
| Baja por accidente de trabajo | Sobre el subsidio diario de la incapacidad temporal | Se aplica mientras dure la baja |
| Incapacidad permanente | Sobre la pensión o sobre la indemnización de la parcial | En la pensión, mientras se cobre |
| Viudedad y orfandad | Sobre las pensiones de la familia del fallecido | Lo pueden pedir los beneficiarios |
Un caso tipo. Iván es mozo de almacén en una empresa de distribución del polígono de Sabón, en Arteixo. Al desatascar una cinta transportadora, la mano le queda atrapada en el rodillo, que no tenía resguardo y no se había parado. Sufre la amputación de dos dedos y pasa nueve meses de baja.
La Inspección de Trabajo levanta acta porque la cinta carecía de protección y no había procedimiento de bloqueo. Con esa acta, Iván pide el recargo al INSS. Si el INSS fija un 40 %, su baja y la pensión que le quede se cobran un 40 % más, a cargo de la empresa, y además puede reclamarle los daños.
El expediente lo tramita la dirección provincial del INSS. Puede iniciarlo el propio INSS, la Inspección de Trabajo con una petición razonada o tú con una solicitud, conforme al Real Decreto 1300/1995. La empresa presenta alegaciones y el INSS tiene 135 días para resolver. Si no lo hace, la solicitud se entiende denegada.
Contra la resolución cabe reclamación previa en treinta días hábiles y, después, demanda ante la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de A Coruña en otros treinta días hábiles. La empresa también puede impugnarla, y es habitual que discuta el porcentaje. El recargo es independiente de la indemnización por daños tras un accidente laboral, que se reclama aparte.
Pide copia del acta y comprueba qué incumplimientos recoge.
Presenta tu solicitud al INSS aunque el expediente se haya abierto de oficio, para ser parte.
Reúne fotos del puesto, testigos y el parte de accidente cuanto antes.
Puedes pedir el recargo directamente al INSS y solicitar la intervención de la Inspección.
El recargo no se gana describiendo lo grave que fue el accidente, sino nombrando la medida concreta que faltaba. Cuando esa medida está identificada, el porcentaje casi siempre se discute hacia arriba.
Farum Abogados
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Entre el 30 % y el 50 %, según la gravedad de la falta. Lo fija el INSS valorando la peligrosidad, los incumplimientos y el resultado. Si te parece bajo, el porcentaje se puede discutir con una reclamación previa y una demanda.
A todas las prestaciones económicas del accidente. Incluye el subsidio de la baja, la pensión o la indemnización de la incapacidad permanente y las pensiones de viudedad y orfandad si el trabajador fallece.
No de forma automática. El Tribunal Supremo lo ha dicho en su sentencia 438/2026, de 22 de abril. Que la infracción administrativa pase de muy grave a grave no obliga a bajar el porcentaje, que se valora con todas las circunstancias.
No. El artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social declara nulo cualquier pacto o seguro que lo cubra, lo compense o lo transmita. Lo paga siempre la empresa infractora.
No. El recargo es independiente y compatible con la responsabilidad penal, según el propio artículo 164. Puedes pedirlo aunque haya una causa penal abierta por el accidente.
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Cristina Santiago Lista es socia de FARUM ABOGADOS y abogada colegiada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de A Coruña. Lleva las áreas de derecho laboral y Seguridad Social, derecho sanitario, derecho de las personas con discapacidad y derecho de familia. Graduada en Derecho y en Terapia Ocupacional por la UDC, con Máster en Abogacía y Procura (UDC–ICACOR), Máster en Dirección de Recursos Humanos y Máster en Intervención en la Dependencia y Discapacidad. Ha trabajado en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y como coordinadora y terapeuta ocupacional en ASPANAES.