El consentimiento informado por escrito es obligatorio en las intervenciones quirúrgicas, en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos y, en general, en los que suponen riesgos de notoria y previsible repercusión negativa para la salud. Así lo dice el artículo 8 de la Ley 41/2002, y en Galicia la Ley 3/2001 fija además el contenido mínimo que debe tener el documento.
Para todo lo demás basta el consentimiento verbal, siempre que conste en la historia clínica. Te explicamos cuándo hace falta el escrito, qué tiene que decir, quién lo firma y qué pasa si falta.
¿No sabes si el documento que firmaste era el que correspondía? Lo revisamos
La regla general es el consentimiento verbal, con la información anotada en la historia clínica. El escrito es obligatorio en las intervenciones quirúrgicas, en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, como una biopsia, una endoscopia o un cateterismo, y en los procedimientos con riesgos de notoria y previsible repercusión negativa.
Hace falta un documento para cada una de esas actuaciones, no uno general al ingresar. Y cuanto más dudoso es el resultado de la intervención, más necesario es el consentimiento escrito, según el artículo 10.2 de la Ley 41/2002. La negativa del paciente a un tratamiento también tiene que constar por escrito.
Ley 41/2002 · Ley 3/2001
Lo que la ley exige y conviene comprobar.
Antes de recabar el consentimiento escrito, el médico tiene que explicar las consecuencias relevantes que la intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente, los riesgos probables en condiciones normales y las contraindicaciones, según el artículo 10.1 de la Ley 41/2002.
En Galicia, la Ley 3/2001 exige que el documento identifique al centro, el procedimiento, al paciente o a quien consiente por él y al médico que informa, que recoja el consentimiento y la declaración de que se puede revocar en cualquier momento sin dar la causa, y que lleve lugar, fecha y firmas. Tiene que constar además que el paciente recibe una copia y que ha comprendido la información.
Si el paciente no puede decidir por su estado, consienten sus familiares o las personas vinculadas de hecho con él. Si tiene una curatela con facultades de representación, decide su representante, siempre en su favor y de forma proporcionada a sus necesidades.
En los menores, desde los dieciséis años decide el propio menor, salvo que no sea capaz de entender la intervención o que se trate de una actuación de grave riesgo para su vida o su salud, en la que decide su representante legal después de oírle. Por debajo de esa edad deciden sus representantes legales, después de escuchar al menor, y en Galicia la ley pide oír su opinión desde los doce años.
| Actuación | Forma | Ejemplos |
|---|---|---|
| Intervención quirúrgica | Por escrito | Cualquier operación, también la ambulatoria |
| Procedimiento diagnóstico invasivo | Por escrito | Biopsia, endoscopia, cateterismo |
| Procedimiento terapéutico invasivo | Por escrito | Infiltraciones, radiología intervencionista |
| Riesgos de notoria repercusión negativa | Por escrito | Tratamientos con efectos adversos graves previsibles |
| Consulta, exploración o analítica ordinaria | Verbal | Con constancia en la historia clínica |
| Negativa al tratamiento | Por escrito | Rechazo de una prueba o alta voluntaria |
Un caso tipo. Lois tiene 70 años y vive en Oleiros. Ingresa en un hospital del Sergas por un problema digestivo y firma un documento de consentimiento al ingresar. Días después le hacen una colonoscopia con extirpación de un pólipo, sin ningún documento específico, y sufre una perforación intestinal que obliga a operarle de urgencia.
La perforación es un riesgo típico de esa prueba. El consentimiento firmado al ingresar no cubría la colonoscopia, que como procedimiento invasivo necesitaba el suyo. Si no se le explicó el riesgo, Lois puede reclamar al Sergas por falta de consentimiento informado.
Si te operaron o te hicieron una prueba invasiva y no recuerdas haber firmado nada, pide la historia clínica completa y comprueba si hay documento de consentimiento para esa actuación. Si no lo hay, o hay uno de otra intervención, el centro tendrá difícil acreditar que te informó.
Que falte el escrito no basta por sí solo para cobrar una indemnización. Hace falta además que se haya producido un daño ligado a un riesgo que debió explicarse. Lo explicamos en la falta de consentimiento informado y cuándo se indemniza, y si firmaste un documento genérico, en firmé el consentimiento informado, ¿puedo reclamar?
Y la actuación lo exigía por ley.
El centro tendrá difícil probar que informó.
Sin el riesgo concreto o sin alternativas.
Se analiza si la información fue suficiente.
El consentimiento escrito no es un trámite administrativo, es la prueba de que el paciente pudo decidir.
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En las intervenciones quirúrgicas, en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos y en los que suponen riesgos de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud, según el artículo 8.2 de la Ley 41/2002.
La Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, junto con la Ley 41/2002, que es la norma básica estatal.
La identificación del centro, del procedimiento, del paciente y del médico que informa, el consentimiento, la declaración de que se puede revocar, el lugar, la fecha y las firmas, y la constancia de que recibes una copia.
Sí. Desde los dieciséis años el menor consiente por sí mismo, salvo que no sea capaz de entender la intervención o que sea de grave riesgo para su vida o su salud.
Sí, en las actuaciones que no exigen escrito. Debe quedar anotado en la historia clínica. En una cirugía o un procedimiento invasivo no basta.
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Cristina Santiago Lista es socia de FARUM ABOGADOS y abogada colegiada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de A Coruña. Lleva las áreas de derecho laboral y Seguridad Social, derecho sanitario, derecho de las personas con discapacidad y derecho de familia. Graduada en Derecho y en Terapia Ocupacional por la UDC, con Máster en Abogacía y Procura (UDC–ICACOR), Máster en Dirección de Recursos Humanos y Máster en Intervención en la Dependencia y Discapacidad. Ha trabajado en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y como coordinadora y terapeuta ocupacional en ASPANAES.