Falta de consentimiento informado, cuándo da derecho a una indemnización
La falta de consentimiento informado se produce cuando el paciente se somete a una intervención sin haber recibido la información necesaria sobre sus riesgos y sus alternativas, o sin haber dado su conformidad en la forma que exige la ley. Si después se produce un riesgo del que no se le advirtió, puede reclamar aunque la intervención se hiciera correctamente.
No es lo mismo que una negligencia en la técnica. Aquí el daño está en haber decidido a ciegas. Te explicamos cuándo hay responsabilidad, cómo se valora la indemnización y qué hay que probar.
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Por qué la falta de información es un daño
La Ley 41/2002 reconoce al paciente el derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. Toda actuación en el ámbito de la salud necesita su consentimiento, y en las intervenciones quirúrgicas y los procedimientos invasivos tiene que constar por escrito.
Cuando ese derecho se vulnera, los tribunales entienden que el paciente sufre un daño moral propio, porque se le privó de la posibilidad de rechazar la intervención, de pedir otra opinión o de elegir otro tratamiento. La responsabilidad nace cuando se produce un riesgo que debió explicarse y no se explicó.
Ley 41/2002 · Ley 3/2001
Cuatro ideas sobre la falta de consentimiento
Lo que decide si hay indemnización.
Qué riesgos tenían que explicarte
La ley no exige informar de todo lo imaginable, pero sí de los riesgos típicos de la intervención, de los que tienen que ver con tus circunstancias personales o profesionales, de los probables en condiciones normales y de las contraindicaciones. En Galicia, la Ley 3/2001 añade los riesgos poco frecuentes cuando son de especial gravedad, las alternativas razonables y las consecuencias de no hacer la intervención.
Un riesgo raro pero grave, como una lesión nerviosa en una cirugía de columna, tiene que figurar. Un riesgo excepcional y sin relación con el caso puede no hacerlo, salvo en la medicina voluntaria o satisfactiva, como la estética, donde la información es más exigente.
Cómo se valora la indemnización
La cuantía no es automática. Si el paciente, bien informado, habría rechazado la intervención o elegido otra opción, se puede indemnizar todo el daño derivado del riesgo. Si es dudoso que hubiera cambiado su decisión, porque la intervención era necesaria y no había alternativas, se indemniza el daño moral por haber decidido sin información, que suele ser una parte.
Para cuantificar las secuelas se usa como referencia orientativa el baremo de la Ley 35/2015. Lo que más pesa es reconstruir qué habría hecho el paciente con la información completa, y eso depende de la urgencia, de las alternativas y de la gravedad del riesgo.
| Situación | ¿Hay responsabilidad? | Por qué |
|---|---|---|
| No se pidió consentimiento escrito para una cirugía | Sí, si se produce un daño | La ley exige el escrito en toda intervención quirúrgica |
| El riesgo que se produjo no figuraba en el documento | Sí, si era típico o grave | La información fue incompleta |
| Documento firmado minutos antes de una operación programada | Puede haberla | No hubo antelación suficiente para decidir |
| El riesgo figuraba y se explicó | No por falta de información | Queda la vía de la mala praxis, si la hubo |
| Urgencia vital sin posibilidad de consentir | No | La ley permite actuar sin consentimiento |
Un caso tipo en A Coruña
Un caso tipo. Carmen tiene 54 años y vive en Culleredo. Se opera de una hernia discal en una clínica privada y firma un formulario genérico que habla de infección y de sangrado. Tras la intervención sufre una lesión de una raíz nerviosa que le deja debilidad en una pierna, un riesgo conocido de esa cirugía que el documento no menciona.
La técnica fue correcta según el informe del especialista, pero nadie le explicó ese riesgo ni las alternativas conservadoras que tenía. Puede reclamar a la clínica, al cirujano y a su aseguradora por falta de consentimiento informado.
Qué hacer si crees que no te informaron
Pide la historia clínica completa y todos los documentos de consentimiento que firmaste. Comprueba qué riesgos menciona el formulario, si recoge alternativas, si lleva fecha y si consta que recibiste una copia. Anota cuándo te lo dieron a firmar y quién te lo explicó.
Después hay que contrastar el riesgo que se produjo con lo que sabe la medicina sobre esa intervención, y para eso hace falta un especialista. Si el daño fue en el Sergas, el plazo es de un año desde que se conocen las secuelas, como explicamos en el plazo para reclamar una negligencia médica.
¿Te informaron del riesgo?
El riesgo no figuraba en ningún sitio
Ni en el documento ni en la historia clínica.
Hay base para reclamar por falta de consentimiento.
El riesgo figuraba en el documento
La reclamación por falta de información es difícil.
Queda ver si hubo mala praxis en la técnica o en el seguimiento.
Una operación bien hecha puede seguir siendo una mala decisión si el paciente no sabía a qué se exponía.
Farum Abogados
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Preguntas frecuentes sobre la falta de consentimiento informado
¿Se puede reclamar si la operación se hizo bien?
Sí. Si se produjo un riesgo del que no te informaron, la falta de información es un daño en sí misma, aunque la técnica fuera correcta.
¿Quién tiene que probar que me informaron?
El médico o el centro. Son ellos quienes deben acreditar que dieron la información, normalmente con el documento firmado y con las anotaciones de la historia clínica.
¿Cuánto se indemniza?
Depende de lo que habrías decidido con la información completa. Puede ir desde el daño moral por haber decidido sin información hasta todo el daño causado por el riesgo, si lo habrías evitado.
¿Y si fue una urgencia?
En una urgencia vital no hace falta consentimiento si no es posible obtenerlo y hay un riesgo inmediato y grave. Si había tiempo para informar, la urgencia no lo excusa.
¿Vale el consentimiento verbal?
Para la mayoría de actuaciones, sí, con constancia en la historia clínica. Para una cirugía o un procedimiento invasivo tiene que ser por escrito.
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Cristina Santiago Lista
Cristina Santiago Lista es socia de FARUM ABOGADOS y abogada colegiada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de A Coruña. Lleva las áreas de derecho laboral y Seguridad Social, derecho sanitario, derecho de las personas con discapacidad y derecho de familia. Graduada en Derecho y en Terapia Ocupacional por la UDC, con Máster en Abogacía y Procura (UDC–ICACOR), Máster en Dirección de Recursos Humanos y Máster en Intervención en la Dependencia y Discapacidad. Ha trabajado en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y como coordinadora y terapeuta ocupacional en ASPANAES.