La indemnización por accidente laboral es la cantidad que la empresa debe pagar al trabajador, o a su familia, por los daños que el accidente le causó y que las prestaciones de la Seguridad Social no cubren, cuando el accidente se debió a un incumplimiento de la empresa en materia de prevención. Compensa las secuelas, el daño moral, lo que dejas de ganar y los gastos, y se reclama ante la jurisdicción social.
Es compatible con la baja, con la pensión y con el recargo de prestaciones. Tiene un plazo de un año, el más corto de todas las reclamaciones de un accidente, y en A Coruña empieza con una papeleta de conciliación ante el servicio de mediación de la Xunta.
¿Tu accidente te ha dejado secuelas y la empresa no tenía las medidas de seguridad? Calculamos qué puedes reclamar
La indemnización busca la reparación íntegra del daño. Cubre lo que el accidente te ha quitado en salud, en calidad de vida y en ingresos, y los gastos que te ha causado, siempre que se prueben y que se deban a una falta de la empresa.
Las prestaciones de la Seguridad Social reparan sobre todo la pérdida de ingresos, y de forma tasada. El dolor, las cicatrices o no poder volver a tu deporte no los cubre ninguna pensión, y es ahí donde la indemnización tiene su mayor peso.
Accidente de trabajo · Responsabilidad de la empresa
Cada uno se prueba y se cuantifica por separado.
Los juzgados de lo social toman como referencia el baremo de la Ley 35/2015 para los accidentes de tráfico, que asigna cantidades a los días de baja, a los puntos de secuela y a los perjuicios personales. Es una guía orientativa, no obligatoria, como fijó el Pleno de la Sala de lo Social del Supremo en su sentencia de 23 de junio de 2014. El juez puede apartarse de ella si lo razona.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó en una sentencia difundida el 17 de septiembre de 2026 la condena a una empresa por no facilitar calzado antideslizante a una trabajadora que resbaló en un muelle de carga y se fracturó la muñeca. Rebajó la cantidad porque calculó el lucro cesante sobre el salario neto y no sobre el bruto, un detalle que cambia mucho la cuenta final.
Para no pagar dos veces el mismo daño, del lucro cesante se descuentan las prestaciones de la Seguridad Social y las mejoras voluntarias que ya compensan la pérdida de ingresos. Del daño moral y de las secuelas no se descuenta nada.
El recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad tampoco se descuenta, porque tiene naturaleza sancionadora. Recargo e indemnización se suman, no se compensan.
| Concepto | ¿Se descuenta? | Por qué |
|---|---|---|
| Pensión de incapacidad permanente | Sí, del lucro cesante | Ya compensa la pérdida de ingresos |
| Subsidio de la baja | Sí, del lucro cesante | Cubre los ingresos de esos días |
| Mejoras voluntarias del convenio | Sí, del lucro cesante | Las financia la empresa con el mismo fin |
| Recargo de prestaciones | No | Tiene naturaleza sancionadora |
| Daño moral y secuelas | No se les descuenta nada | Ninguna prestación los repara |
Un caso tipo. Lorena es ayudante de cocina en un hotel de Sada. La empresa no le ha dado calzado antideslizante y el suelo de la cocina está siempre mojado. Resbala, se rompe el tobillo y, tras ocho meses de baja, le queda una limitación de movilidad que le impide estar de pie toda la jornada.
El INSS le reconoce una incapacidad permanente total para su profesión habitual. Además de la pensión, Lorena reclama el recargo y la indemnización por las secuelas, el daño moral y la diferencia entre su salario y la pensión. El año para reclamar empieza a contar cuando la resolución de la incapacidad es firme.
El plazo es de un año, por el artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, y cuenta desde que conoces el alcance definitivo de las secuelas. Si hay un expediente de incapacidad permanente, desde que la resolución es firme. Si hay un proceso penal por el accidente, el plazo no corre mientras dura.
Antes de la demanda hay que presentar la papeleta de conciliación, procedimiento TR812A, ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación de la Xunta. Si no hay acuerdo, la demanda va a la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de A Coruña, contra la empresa y su aseguradora. La empresa tiene que probar que adoptó las medidas de seguridad, porque es la deudora de seguridad.
Guarda informes, facturas y el parte de accidente desde el primer día.
Todavía no corre el año, pero conviene reunir ya la prueba del incumplimiento.
Calcula desde esa fecha el año para reclamar.
Pide la valoración de las secuelas y presenta la papeleta de conciliación antes del vencimiento.
La indemnización se pierde más por el calendario que por el fondo. Mientras la persona se centra en recuperarse y en su pensión, el año corre, y es el único plazo del accidente que no perdona.
Farum Abogados
Valoramos contigo las secuelas, los ingresos perdidos y la falta de seguridad para calcular qué indemnización puedes reclamar a la empresa. Somos abogados de recargo de prestaciones en A Coruña y llevamos también la reclamación de daños.
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Depende de las secuelas, del daño moral y de los ingresos perdidos. Los juzgados usan como referencia el baremo de tráfico de la Ley 35/2015 y descuentan del lucro cesante lo que ya cubren las prestaciones. No hay una cantidad fija por tipo de accidente.
Sí. La pensión solo se descuenta del lucro cesante, la parte que compensa los ingresos. Las secuelas y el daño moral se indemnizan íntegros, y el recargo de prestaciones tampoco se resta.
Desde que conoces el alcance definitivo de las secuelas. Si hay expediente de incapacidad permanente, desde que la resolución es firme, y si no, desde el alta con secuelas definitivas. Un proceso penal por el accidente detiene el plazo.
La empresa responde, y normalmente su aseguradora paga. A diferencia del recargo, la indemnización sí se puede asegurar, y por eso la demanda se dirige contra la empresa y contra su compañía de seguros de responsabilidad civil.
Tienes que acreditar el accidente y el daño. Es la empresa, como deudora de seguridad, la que debe probar que adoptó las medidas de prevención necesarias. Una imprudencia no temeraria del trabajador no la exime, aunque puede reducir la cantidad.
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Cristina Santiago Lista es socia de FARUM ABOGADOS y abogada colegiada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de A Coruña. Lleva las áreas de derecho laboral y Seguridad Social, derecho sanitario, derecho de las personas con discapacidad y derecho de familia. Graduada en Derecho y en Terapia Ocupacional por la UDC, con Máster en Abogacía y Procura (UDC–ICACOR), Máster en Dirección de Recursos Humanos y Máster en Intervención en la Dependencia y Discapacidad. Ha trabajado en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y como coordinadora y terapeuta ocupacional en ASPANAES.