La regla general es el consentimiento verbal, con la información anotada en la historia clínica. El escrito es obligatorio en las intervenciones quirúrgicas, en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, como una biopsia, una endoscopia o un cateterismo, y en los procedimientos con riesgos de notoria y previsible repercusión negativa.

Hace falta un documento para cada una de esas actuaciones, no uno general al ingresar. Y cuanto más dudoso es el resultado de la intervención, más necesario es el consentimiento escrito, según el artículo 10.2 de la Ley 41/2002. La negativa del paciente a un tratamiento también tiene que constar por escrito.

El documento de consentimiento sirve para acreditar que el paciente fue informado y que aceptó. Pero los tribunales no se conforman con la firma. Miran si el documento es específico para esa intervención, si menciona el riesgo que se produjo, si recoge alternativas y si se completó con la explicación del médico.

En Galicia, la Ley 3/2001 fija el contenido mínimo del formulario, que incluye la identificación del procedimiento y del médico que informa, la declaración de que el consentimiento se puede revocar, el lugar, la fecha y las firmas, y la constancia de que el paciente recibe una copia y ha comprendido la información. Un papel que no lo cumple pierde fuerza como prueba.

La Ley 41/2002 reconoce al paciente el derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. Toda actuación en el ámbito de la salud necesita su consentimiento, y en las intervenciones quirúrgicas y los procedimientos invasivos tiene que constar por escrito.

Cuando ese derecho se vulnera, los tribunales entienden que el paciente sufre un daño moral propio, porque se le privó de la posibilidad de rechazar la intervención, de pedir otra opinión o de elegir otro tratamiento. La responsabilidad nace cuando se produce un riesgo que debió explicarse y no se explicó.

La prestación paga un subsidio a la madre, al padre o a la persona que cuida del menor cuando reduce su jornada al menos un 50 % para atenderlo durante la hospitalización y el tratamiento continuado de un cáncer o de otra enfermedad grave. Hasta ahora la regla era exigir un ingreso hospitalario.

El nuevo reglamento, que desarrolla la reforma del Real Decreto-ley 31/2026, equipara al ingreso la hospitalización a domicilio, los tratamientos ambulatorios o continuados y los cuidados complejos en casa, siempre que la declaración médica haga constar que la falta de ingreso no responde a una menor intensidad de cuidados. Además, elimina la exclusión de quienes trabajaban a tiempo parcial con una jornada igual o inferior al 25 % y amplía los periodos de reconocimiento y de prórroga.

El II Convenio Colectivo de Cepsa reducía el plus de participación en resultados y el plus de desempeño profesional cuando las ausencias de la persona trabajadora superaban el 4 % anual, y en ese porcentaje se contaban las bajas por incapacidad temporal. Los sindicatos plantearon un conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional, y el Supremo resuelve el recurso de casación 236/2025 contra su sentencia.

La Sala desestima el recurso de la empresa y estima el del sindicato. Durante la baja el contrato está suspendido y el salario ya se reduce en proporción, como permite el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores. Descontar además esos días de los pluses es una segunda penalización, y la Ley 15/2022 prohíbe la discriminación por enfermedad en su artículo 2.1.

No todo diagnóstico tardío es una negligencia. Hay tumores que no dan síntomas o que se presentan de forma atípica. Es negligente cuando había signos de alarma que el protocolo de esa especialidad manda estudiar y no se estudiaron, cuando una prueba de imagen o una analítica mostraba una alteración que no se valoró o cuando un resultado no llegó al paciente ni al médico que debía actuar.

Los ejemplos típicos son una anemia sin causa aclarada, una sangre en heces tratada como hemorroides durante meses, un nódulo mamario que no se biopsia o una lesión de piel que cambia y no se deriva. El patrón es el mismo, una señal que estaba en la historia clínica y nadie siguió.

Se aplica cuando hay una actuación sanitaria contraria a la lex artis, normalmente un diagnóstico tardío o una prueba que no se pidió, y existe incertidumbre sobre si el resultado habría sido distinto. Si la relación entre el error y el daño es segura, se indemniza el daño completo. Si la posibilidad de mejora era remota, no hay indemnización.

Entre esos dos extremos está la pérdida de oportunidad. Las posibilidades perdidas tienen que ser reales y serias, no una mera hipótesis, y se acreditan con la historia clínica y con un informe pericial que explique qué pronóstico tenía el paciente cuando debió diagnosticarse.

Si el daño se produjo en un hospital o un centro de salud del Sergas, la vía es la responsabilidad patrimonial de la Administración y el plazo es de un año. En los daños físicos o psíquicos ese año no empieza el día del error, sino el de la curación o el día en que quedan determinadas las secuelas, es decir, cuando el paciente sabe qué daño le queda de forma estable.

La reclamación se presenta ante la Consellería de Sanidade. La Administración tiene seis meses para resolver y, si no lo hace, la reclamación se entiende desestimada y se puede acudir al contencioso-administrativo. Contra una resolución expresa el plazo para recurrir es de dos meses.

La primera es la de la mujer con una patología limitante por trastorno menopáusico secundario, mientras recibe asistencia sanitaria del servicio público de salud y está impedida para trabajar por esa patología. La baja la emite el médico del Sergas, como cualquier otra, con la codificación que se habilite para este diagnóstico. No basta con la menopausia, tiene que haber una patología que impida trabajar.

La segunda cubre las lesiones causadas por quien es o ha sido su cónyuge o pareja, aunque no hayan convivido. Antes del alta tiene que constar un documento oficial, como la comunicación a la Fiscalía o al juzgado, una orden de protección, una medida cautelar, un informe del Ministerio Fiscal o una sentencia, y en él debe figurar la relación entre la lesión y la agresión. Las dos se suman a las situaciones especiales que ya existían, como la menstruación incapacitante secundaria o la gestación desde la semana 39.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo resuelve un recurso de casación para la unificación de doctrina, el 911/2025, contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de diciembre de 2024. El INSS había abierto la revisión de una incapacidad permanente absoluta antes de la fecha que su propia resolución había fijado, y terminó rebajándola a total.

El Supremo estima el recurso del pensionista y anula todo el procedimiento de revisión. Para la Sala, la fecha marca cuándo se puede instar la revisión, y que la resolución final llegue después de esa fecha no sana haberla iniciado antes. Reitera así lo que ya dijo en su sentencia de 6 de febrero de 2024.