Antes de recabar el consentimiento escrito, el médico tiene que explicar las consecuencias relevantes que la intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente, los riesgos probables en condiciones normales y las contraindicaciones, según el artículo 10.1 de la Ley 41/2002.

En Galicia, la Ley 3/2001 exige que el documento identifique al centro, el procedimiento, al paciente o a quien consiente por él y al médico que informa, que recoja el consentimiento y la declaración de que se puede revocar en cualquier momento sin dar la causa, y que lleve lugar, fecha y firmas. Tiene que constar además que el paciente recibe una copia y que ha comprendido la información.

La Ley 3/2001 exige que la información se facilite con la antelación suficiente para que el paciente pueda reflexionar y decidir libremente. No fija horas ni días, pero un consentimiento firmado ya en el antequirófano, con la premedicación puesta o sin ocasión de preguntar, difícilmente cumple esa exigencia en una intervención programada.

Por eso importa reconstruir cuándo te dieron el documento, cuándo lo firmaste y cuándo fue la intervención. La fecha del formulario y la de la cirugía suelen decir mucho.

La ley no exige informar de todo lo imaginable, pero sí de los riesgos típicos de la intervención, de los que tienen que ver con tus circunstancias personales o profesionales, de los probables en condiciones normales y de las contraindicaciones. En Galicia, la Ley 3/2001 añade los riesgos poco frecuentes cuando son de especial gravedad, las alternativas razonables y las consecuencias de no hacer la intervención.

Un riesgo raro pero grave, como una lesión nerviosa en una cirugía de columna, tiene que figurar. Un riesgo excepcional y sin relación con el caso puede no hacerlo, salvo en la medicina voluntaria o satisfactiva, como la estética, donde la información es más exigente.

Con la historia clínica completa, que permite reconstruir la cronología de consultas, síntomas y pruebas, y con un informe pericial de un oncólogo o de un especialista de la rama implicada. El perito explica qué debió hacerse en cada consulta, en qué estadio estaba probablemente el tumor en ese momento y qué tratamiento y supervivencia se esperaban entonces.

La Administración y las aseguradoras suelen alegar que el tumor era agresivo y que el pronóstico habría sido el mismo. Por eso la comparación entre los dos estadios es el centro del pleito, y conviene que el perito la apoye en la literatura médica y en las guías clínicas de esa especialidad.

Los tribunales parten del daño final, una secuela, una incapacidad o un fallecimiento, y lo ponderan con la probabilidad de que un diagnóstico a tiempo lo hubiera evitado. Para valorar ese daño suelen usar como referencia orientativa el baremo de tráfico de la Ley 35/2015, aunque en la sanidad no es obligatorio.

El porcentaje sale de la literatura médica y del informe pericial, por ejemplo de las tasas de supervivencia según el estadio en que se detecta una enfermedad. Cuando la prueba no permite fijarlo con precisión, el tribunal lo estima de forma prudencial, y por eso la calidad de la pericial decide buena parte del resultado.

En una clínica o un hospital privado se reclama por la vía civil. Si el paciente tenía un contrato con el centro o con el profesional, por ejemplo a través de su seguro de salud, puede reclamar por incumplimiento del contrato, que prescribe a los cinco años según el artículo 1964 del Código Civil. Frente a quien no tenía contrato con él, la acción es extracontractual y prescribe al año desde que el perjudicado conoce el daño, conforme al artículo 1968.

En la vía civil el plazo se interrumpe con una reclamación extrajudicial por escrito, con la demanda o con el reconocimiento de la deuda por parte del responsable, y vuelve a empezar. Lo prudente es reclamar dentro del año aunque se tenga la acción contractual, porque la discusión sobre qué acción corresponde es frecuente.