Pueden pedirla los progenitores, adoptantes, guardadores y acogedores permanentes, y también quien tenga la curatela con facultades de representación plenas. Hay que reducir la jornada al menos un 50 % y estar afiliado y de alta. Si hay dos progenitores, los dos tienen que estar de alta, con algunas excepciones. En los casos de separación o divorcio la cobra quien convive con el menor, aunque el otro progenitor no trabaje.

Se pide un periodo mínimo de cotización que depende de la edad. Por debajo de 21 años no se exige ninguno. Entre 21 y 26 años, 90 días en los siete años anteriores o 180 en toda la vida laboral. A partir de 26, 180 días en los siete años anteriores o 360 en toda la vida laboral.

La sentencia se refiere a dos complementos concretos de un convenio, pero su razonamiento alcanza a cualquier plus o incentivo que se reduzca por absentismo contando las bajas médicas. Es habitual en los pluses de asistencia, de productividad, de objetivos, en las primas por presencia y en la retribución variable que se calcula con un índice de ausencias.

Lo que la empresa sí puede hacer es dejar de pagar el salario de los días de baja, porque el contrato está suspendido. Lo que no puede es castigar la baja una segunda vez a través de un complemento que depende de no faltar. Si tu convenio o tu política de incentivos cuenta la incapacidad temporal dentro del absentismo, conviene revisar las nóminas de los últimos meses.

El subsidio de estas dos bajas tiene la misma cuantía que el de una baja por enfermedad común, pero se paga como las situaciones especiales. Lo abona la entidad que cubre la contingencia común, el INSS o la mutua, desde el día siguiente al de la baja, y la empresa solo paga el salario íntegro del propio día de la baja. En una baja ordinaria por enfermedad común, en cambio, los tres primeros días no se cobra subsidio y del cuarto al decimoquinto lo paga la empresa.

La diferencia pesa sobre todo en bajas cortas, que en estas patologías son frecuentes. Cada día de baja cuenta desde el primero, y la persona trabajadora no pierde los tres días de carencia. Quién paga cada tramo de una baja normal lo explicamos en quién paga estando de baja.

Toda resolución que reconoce o revisa una incapacidad permanente indica el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría. La revisión se puede pedir mientras la persona no haya cumplido la edad de jubilación, y pueden promoverla el INSS, la mutua y el propio beneficiario.

Hay dos excepciones al plazo. El error de diagnóstico permite revisar en cualquier momento antes de esa edad. Y si el pensionista trabaja, por cuenta propia o ajena, el INSS puede promover la revisión aunque no haya vencido el plazo. Fuera de esos casos, una revisión iniciada antes de tiempo es nula aunque se resuelva después.

La sentencia de septiembre no es aislada. En julio de 2026 la Sala de lo Social del TSXG ya había reconocido indemnizaciones por daño moral a una trabajadora de la Xunta, que encadenó contratos durante más de quince años antes de aprobar su oposición, y a un empleado de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. En las dos dijo que superar el proceso selectivo no borra el abuso previo.

Detrás está la Directiva 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que exige una consecuencia eficaz frente al abuso de la temporalidad en el empleo público. El TSXG la busca en una indemnización disuasoria, y para medirla toma como referencia las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Desde la reforma de junio de 2023 el permiso cubre al cónyuge o pareja de hecho, a los parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, suegros y cuñados), al familiar consanguíneo de la pareja de hecho y a cualquier persona que conviva contigo y necesite tu cuidado efectivo.

Los hechos que lo abren son cuatro, el accidente grave, la enfermedad grave, la hospitalización y la intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario. No hace falta que el familiar esté ingresado los cinco días, basta con que necesite cuidados mientras dura el permiso.

El TSXG sigue una línea que el Tribunal Supremo ya había fijado para los empleados públicos que trabajan a turnos. En la sentencia 1289/2025, de 15 de octubre, en un asunto de la Policía Local de Vigo, la Sala Tercera dijo que la nocturnidad y la festividad integradas en la jornada ordinaria forman parte de la retribución fija y periódica. Se cobran aunque no se trabaje, en vacaciones, en la incapacidad temporal y en los permisos retribuidos.

Solo quedan fuera las noches o los festivos que se trabajan al margen de la jornada ordinaria, que se pagan si se hacen. En la sentencia 791/2026, de 24 de junio, el Supremo aplicó la misma idea a la atención continuada obligatoria del personal sanitario durante las vacaciones. La del TSXG aplica ese mismo criterio a la baja de una TCAE del Sergas.

Los juzgados de lo social toman como referencia el baremo de la Ley 35/2015 para los accidentes de tráfico, que asigna cantidades a los días de baja, a los puntos de secuela y a los perjuicios personales. Es una guía orientativa, no obligatoria, como fijó el Pleno de la Sala de lo Social del Supremo en su sentencia de 23 de junio de 2014. El juez puede apartarse de ella si lo razona.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó en una sentencia difundida el 17 de septiembre de 2026 la condena a una empresa por no facilitar calzado antideslizante a una trabajadora que resbaló en un muelle de carga y se fracturó la muñeca. Rebajó la cantidad porque calculó el lucro cesante sobre el salario neto y no sobre el bruto, un detalle que cambia mucho la cuenta final.

El porcentaje depende de la gravedad de la falta, y lo fija el INSS en su resolución. Pesan la peligrosidad de la actividad, el número de incumplimientos, si la empresa ya había sido advertida y la gravedad del resultado. Una máquina sin resguardo en un puesto de riesgo conocido suele situarse en la parte alta.

El Tribunal Supremo ha precisado en su sentencia 438/2026, de 22 de abril, que ese porcentaje no está atado a la sanción administrativa. En el derrumbe de una tolva de carbón en una central térmica de Carboneras, con cinco fallecidos, la empresa pedía bajar el recargo del 50 % al 40 % porque la infracción se había rebajado de muy grave a grave. El Supremo lo rechazó, porque la gravedad del recargo se valora con todas las circunstancias del caso.

La información mínima abarca quién te contrata y dónde trabajas, tu puesto y tu grupo profesional, la causa si el contrato es temporal, la fecha de inicio y la duración del periodo de prueba. En lo económico, el salario base, cada complemento, la periodicidad del pago y el método de cálculo de lo variable, como comisiones o incentivos.

En tiempo de trabajo, la duración y la distribución de la jornada diaria, semanal y anual, cómo se cambian los turnos, las horas extraordinarias, las vacaciones y, si eres fijo discontinuo, los periodos de actividad e inactividad. Se añaden la formación, el procedimiento y los preavisos de extinción, la entidad que gestiona tu Seguridad Social y el convenio colectivo aplicable, que es donde después se resuelven cuestiones como la absorción de mejoras de convenio. Esa hoja es la prueba de lo pactado cuando más tarde hay que reclamar.